El pasado 21 de diciembre publiqué la entrada 'El caso de estudio de la remodelación del Estadio Municipal de Linarejos', donde cuestionaba la simplicidad del relato oficial que pretende cargar toda la responsabilidad sobre la constructora Gyocivil. En dicho análisis, desgranaba las profundas contradicciones en la cronología ofrecida por el Ayuntamiento (especialmente ese inexplicable salto del 'ya está todo encargado' asegurado en agosto al 'no hay contratos' desvelado en diciembre) y planteaba la hipótesis de que el proyecto nació herido de muerte por una inviabilidad económica de base: el desfase entre una subvención de 2021 y una ejecución en 2025, sumado a la inflación, hacía saltar por los aires cualquier previsión financiera realista.
Una teoría que cobraba fuerza tras admitirse desde el propio gobierno local la necesidad de una futura 'actualización de precios', lo que apunta directamente a que los costes definidos en la redacción original del proyecto (a cargo de una consultora externa) quedaron desfasados y engullidos por la realidad del mercado mucho antes incluso de que se pusiera el primer ladrillo.
Pues bien, en menos de 24 horas, Raúl Caro-Accino acudió a El Semáforo (programa en directo de TVEO TV Linares) para, quizás sin pretenderlo, validar punto por punto las sospechas que aquí planteé. Aunque lejos de despejar con nuevos datos las múltiples incógnitas que aún quedan, su intervención sirvió para confirmar que la gestión de estos últimos meses se ha sostenido más sobre el voluntarismo político, el miedo a la batalla legal, y una "gestión de la Esperanza" que chocaba con la realidad documental.
Aclarando la contradicción del verano
Lo más revelador de la entrevista fue la explicación sobre aquel rotundo "ya están encargados todos los prefabricados" que el propio Caro-Accino anunció en agosto. En 'El Semáforo', sin embargo, el relato se tornó bien distinto. El Primer Teniente de Alcalde reconoció una realidad administrativa que choca frontalmente con aquella afirmación veraniega: admitió que, ya en junio, la empresa constructora les había pedido un "voto de confianza" de tres meses (concretamente hasta septiembre) para poder presentar, precisamente, los contratos físicos de los materiales que no tenían.
Sus palabras textuales en directo fueron claras: "Nos dicen, dame tres meses y te presentaré en septiembre los contratos."
Aquí radica la gran inconsistencia cronológica que desmonta la versión oficial: Si el Ayuntamiento sabía desde junio que el plazo otorgado a la empresa para demostrar la existencia de los materiales expiraba en septiembre, ¿en base a qué certeza documental se le aseguró a la ciudadanía en agosto que el material prefabricado "ya estaba encargado"? Las explicaciones ofrecidas en El Semáforo revelan que aquel anuncio de tranquilidad para la afición no se basó en una fiscalización técnica rigurosa ni en papeles firmados, sino en la simple palabra de una constructora que, paradójicamente (y según admite Raúl Caro-Accino) ya despertaba muchas dudas tanto al equipo de gobierno como a la ciudadanía por el sistemático incumplimiento de plazos. Se vendió como hecho consumado lo que no era más que una promesa verbal de una empresa de dudosa fiabilidad.
La confirmación del desfase económico
Pero hubo un segundo reconocimiento, más sutil pero igual de trascendente, que respalda la teoría de la inviabilidad económica de origen. Caro-Accino admitió abiertamente que la nueva licitación requerirá una "actualización de precios". Reconoció explícitamente que, al tratarse de un proyecto redactado con parámetros de años anteriores, la dirección técnica deberá ajustar los costes al alza (mencionando incrementos hipotéticos en materiales) para adaptarlos al mercado actual. Incluso llegó a verbalizar un ejemplo de lo que dirá la dirección técnica: "Oye Raúl, aquí le tienes que poner un 4% más, un 5% más en materiales...".
Esta admisión es la prueba del algodón: confirma que la anterior constructora adjudicataria, Gyocivil, ha estado intentando ejecutar en 2025 una obra con un presupuesto base que el propio mercado ya ha dejado obsoleto. Si ahora es imprescindible "actualizar precios" para que otra empresa asuma el trabajo, es la confirmación tácita de que el proyecto original adolecía de una asfixia financiera estructural. Las "circunstancias sobrevenidas" que alega la empresa para irse cobran así todo el sentido: Los números, sencillamente, no daban.
La huida hacia adelante con la excusa del choque de trenes
La entrevista sirvió para exponer la estrategia de la "huida hacia adelante". Caro-Accino justificó el no haber rescindido el contrato antes (en junio, cuando los problemas ya eran evidentes) por el miedo a un "choque de trenes" legal que paralizara la obra judicialmente. Se optó por una prudencia administrativa y una negociación para una "salida pactada" que, a la vista del escaso 10% ejecutado, ha resultado estéril. El resultado es el mismo que se temía (la obra parada) pero con meses de tiempo perdido por haber confiado en una inercia que ya era insalvable. La realidad es tozuda.
Los otros flancos abiertos que dejó la entrevista
Pero es que, aparte, la intervención de Raúl Caro-Accino dejó otros muchos "flancos abiertos" dignos de análisis:
A) La frivolidad ante la "licitación casi desierta" (El "ladrillo en la cabeza")
En la entrevista, cuando se le pregunta si es normal que solo se presentara una empresa (Gyocivil) a la licitación original, Raúl Caro-Accino respondió con una evasiva sorprendente consistente en admitir que "solo se presentó una" y que si no se presenta nadie en la próxima es algo impredecible: "es lo mismo que si ahora sales a la calle y te cae un ladrillo en la cabeza, ¿por qué vamos a pensar en ello?". Esta débil respuesta ignora una ley básica del mercado. Si a una obra de 11 millones sólo se presenta una empresa, suele ser un indicador de que el presupuesto base es bajo y no resulta atractivo para el sector. Tratar la falta de concurrencia como un accidente fortuito ("un ladrillo") y no como un síntoma de que el proyecto estaba mal pagado desde el principio (algo que él mismo confirma luego al admitir la "actualización de precios") denota una falta de autocrítica preocupante sobre la gestión de la licitación.
B) El movimiento de los postes de la portería (Las fechas de finalización)
Existe una contradicción flagrante entre lo que se prometió a la afición, y lo que ahora se utiliza como excusa administrativa. El proyecto se vendió originalmente con un plazo de ejecución de 26 meses, con la promesa de finalizar para la temporada 2026/2027, concretamente en julio o septiembre de 2026. En la entrevista, Caro-Accino restó importancia a no llegar a esa fecha diciendo que el plazo real que les dio la Junta de Andalucía para justificar la subvención es abril de 2027. Dijo textualmente: "Si se van a terminar antes o después da igual... pídeme otra prórroga si no llega". Se ha pasado, de forma inconsistente, de vender la urgencia y el cumplimiento estricto de plazos a la afición, a refugiarse en la burocracia de las prórrogas de la Junta para justificar que la obra se vaya a 2027 o 2028.
C) La falacia de la "fiscalización rigurosa"
El relato del Ayuntamiento ha oscilado entre "estamos encima de la empresa" y "nos han engañado", lo cual es mutuamente excluyente. En julio de 2025, la alcaldesa aseguró ante los medios: "Estaremos encima de cada fase, de cada entrega y de cada plazo. Fiscalizaremos el proyecto con rigor y responsabilidad". Pero la realidad revelada es otra. En la entrevista, Caro-Accino admitió que la gestión real consistió en dar "votos de confianza" verbales, y reconoció que en junio/julio la empresa pidió tiempo hasta septiembre y se lo dieron. Si en julio prometieron "fiscalizar con rigor", ¿cómo es posible que su método de control fuera simplemente esperar tres meses a ver si la empresa traía unos papeles? La promesa de vigilancia estricta de la alcaldesa se contradice con la "fe ciega" que el concejal admite haber tenido hasta septiembre.
Mala suerte, plazos de sagrados a relativos, y fiscalización rigurosa basada en una espera pasiva
Además del tema económico, el Gobierno local achaca el fracaso a la mala suerte (comparando la falta de empresas con que "te caiga un ladrillo"), relativiza ahora los plazos que antes eran sagrados (fiándolo todo a futuras prórrogas de la Junta) y demuestra que la prometida "fiscalización rigurosa" de la alcaldesa en julio fue, en la práctica, una espera pasiva basada en la confianza verbal y no en el control técnico.
Finalmente, ante cierto reproche de la tertuliana Juana Cruz, el Primer Teniente Alcalde pidió confianza y defendió la decisión "totalmente política" (lejos de criterios técnicos) de compensar al club con 100.000 euros extra. Sin embargo, cuando se le cuestionó por el agravio comparativo con los comerciantes afectados por otras obras, su respuesta fue un tajante "tú estás en un lado de la política y yo en otro", confirmando una discrecionalidad que ha levantado ampollas.
Nuevas dudas e incógnitas tras escuchar los argumentos de Raúl Caro-Accino
En el minuto 46 de la entrevista, admitió que la dirección facultativa anterior (PL Arquitectos, con Álvaro Pérez-Lombard al frente) "trataba por todos los medios de parar la obra" y ellos pensaban que eran excusas. Es un dato muy revelador que ¿se le escapa? ¿O lo dice conscientemente? El caso es que cuando los otros contertulios le preguntan, se niega a profundizar en esa situación. Sin embargo, ahora se ha demostrado que no había contratos de materiales prefabricados. ¿Es posible que aquella dirección facultativa de PL Arquitectos tratase de frenar los trabajos viendo que Gyocivil no tenía los materiales, y el equipo de gobierno los despidiese por razones políticas para forzar un avance ficticio que, a la postre, ha acabado en desastre? ¿No es posible que lo que para PL Arquitectos era pura cumplimiento de la legalidad (con responsabilidad civil y penal) fuera interpretado por el Ayuntamiento de Linares como obstruccionismo?
Sus propias explicaciones dibujan un escenario preocupante: Un Ayuntamiento que, tratando de salvar el proyecto a toda costa, terminó atrapado en las promesas de una constructora que no podía cumplir, gestionando la obra con "votos de confianza" en lugar de con la realidad de los contratos, tomando decisiones más que cuestionables como asignar 100.000 más a dedo y expulsar a una dirección facultativa, y que ahora debe afrontar la factura política y económica de un naufragio anunciado.
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