sábado, 11 de agosto de 2018

Madrugada del 10 al 11 de agosto: Asesinato de Blas Infante.




Madrugada del 10 al 11 de agosto: Asesinato de Blas Infante.

En la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936, en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona, se asesinó cobardemente y por la espalda a un notario que amenazaba el orden con la creación de un partido andalucista.

Justo antes de ser asesinado por un pelotón falangista a las afueras de Sevilla, Blas Infante gritó por la libertad de la tierra por la que luchó durante toda su vida: Andalucía. Fue fusilado junto a otros destacados políticos.

Cuatro años después de su asesinato, su familia fue condenada subsidiariamente a pagar 2.000 pesetas de multa.

Aunque ya no se tirotea por la espalda, en pleno sigo XXI aún muchos/as andaluces/zas son represaliados por métodos diferentes (procesos judiciales y multas) por cuestionar la estructura de la propiedad, por pedir tierra y libertad, o por manifestarse pidiendo una reforma agraria para nuestra tierra, lo mismo que hacía Blas Infante.


La captura y los ocho días de cautiverio


Dar Al-Farah, la Casa de la Alegría. Así bautizó Blas Infante Pérez de Vargas su casa, situada en un pequeño cerro de Coria del Río, municipio sevillano bañado por el Guadalquivir. Él mismo se encargó de diseñarla, con un marcado aire neomudéjar, después de ser destinado al pueblo como notario. 

El domingo 2 de agosto de 1936, 20 días después del golpe fascista del 18 de julio, varios falangistas, cumpliendo órdenes militares, sacaron de su casa a Blas Infante. Nunca más volvió a La Casa de la Alegría. Jamás volvió a Dar Al-Farah, que hoy acoge el Museo de la Autonomía.

Angustias García Parias, mujer de Infante, no olvidó ni un solo día de su vida los sucesos de la cruel detención de su marido. “Empezaron a tomar la plaza cuando llamaron a la puerta principal de mi casa. El Sargento Crespo de Falange y otro fueron a por Blas. Se lo llevaron así como el aparato de radio y el altavoz entre las 11 y 12 de la mañana. Los aparatos volvieron pero él no".

Como miles de personas durante ese verano de 1936 y meses posteriores, Blas Infante, fue encarcelado tras su captura. Primero fue llevado al Ayuntamiento de Coria del Río, desde donde fue trasladado a Sevilla, a la sede principal de Falange, en el número uno de la céntrica calle Trajano. Tras un breve paso por estas instalaciones, Infante fue encarcelado en el antiguo cine Jáuregui (hoy día transformado en supermercado) uno de tantos lugares habilitados para albergar a presos rojos, anarquistas, ANDALUCISTAS, antifascistas… revolucionarios… soñadores…

Manuel Ruiz, biográfo del padre de la Patria Andaluza, apunta en su libro Blas Infante Pérez 1885 -1936, como “la insurrección golpista y la posterior guerra impidieron dramáticamente el proyecto autonómico como otros muchos de carácter progresista”.

Ni el favor del entonces gobernador civil de Sevilla, Pedro Parias, tío directo de la mujer de mujer de Blas Infante, permitió que se salvara de aquel final cruento. Estaba todo más que pactado desde arriba por una orden militar y ya nada se podía hacer por él. A pesar de que Infante, tal y como afirma Manuel Ruiz, fuera considerado como “un pacífico ciudadano, demócrata y un republicano profundamente convencido, un andaluz humilde y comprometido que luchó por una Andalucía libre de todo tipo de injusticias”.

Sobre Blas Infante pesaron sus numerosos planteamientos políticos en pro de un Estado Libre de Andalucía. Entre ellos destacaron los siguientes escritos: 

  • 1-1-1919, Manifiesto de Córdoba: «Sentimos llegar la hora suprema en que habrá que consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España ( …) Declarémonos separatistas de este Estado que, con relación a individuos y pueblos, conculca sin freno los fueros de la justicia y del interés y, sobre todo, los sagrados fueros de la Libertad; de este Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los Pueblos extranjeros (...) . Ya no vale resguardar sus miserables intereses con el escudo de la solidaridad o la unidad, que dicen nacional». 

  • 1932, 'Diario El Sol': En unas declaraciones a este diario Blas Infante dice «[…] Nosotros aspirábamos, aspiramos y seguiremos aspirando a la elaboración de un Estado Libre en Andalucía... No tenemos por ahora otro nombre que los de República Andaluza o Estado Libre, para llegar a expresar aquella Andalucía Soberana que dice el artículo primero de la Constitución elaborada para Andalucía por la Asamblea de Antequera en 1883. [...]»


Siempre con Andalucía hasta su agonía.


Ocho días, los últimos de su vida, pasó Blas Infante en la improvisada prisión. En la madrugada del lunes 10 al martes 11 de agosto lo trasladaron en un camión a oscuras hasta las inmediaciones del cortijo de la Gota de Leche, en el kilómetro 4 de la carretera que unía Sevilla con Carmona.

Frente al pelotón lo acompañarían José González Fernández de La Bandera, quien fuera alcalde de Sevilla en 1932, Manuel Barrios Jiménez, diputado del PSOE, Fermín Zayas, toda una personalidad de la masonería sevillana, y Emilio Barbero Núñez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y militante de Unión Republicana.

Aquel fusilamiento tan simbólico fue la forma en que los asesinos conmemoraban el cuarto aniversario del fallido golpe de Estado contra la II República, que fue dirigido por el general Sanjurjo desde Sevilla, el 10 de agosto de 1932. 

El Padre de la Patria Andaluza gritó “Viva Andalucía libre” por dos veces ante sus verduGos, sabiendo que serían sus últimas palabras, según contó años más tArde el ayudante del conductor de aquel caMión oscuro que los transportó hasta el paseillo de la muerte. 

Entre el 18 de julio de 1936 y hasta principios de 1937 en Sevilla, donde los golpistas arrollaron a la resistencia, ingresaron en la fosa común del cementerio 3.028 cadáveres, según un estudio realizado en su día por Francisco Espinosa. Entre ellos los de Blas Infante y sus compañeros de muerte.

Blas Infante fue asesinado sin la oportunidad siquiera de defenderse en un juicio. Se le aplicó lo que se conocía como Bando de Guerra, que no es más que el eufemismo utilizado por los golpistas para llamar al asesinato premeditado de miles de personas que no aceptaban la España patria de Franco y sus aliados. 


Sentenciado de forma infame y surrealista cuatro años después.


En el aniversario del fusilamiento de Blas Infante es oportuno reflexionar sobre algunos de los mecanismos jurídicos que a posteriori se aplicaron sobre tan abyecto crimen.

Los hechos resultan sobradamente conocidos:

1) El 18 de julio estalló la guerra civil con motivo de la sublevación militar.

2) El 2 de agosto, Blas Infante fue detenido en su casa de Coria del Río por el Sargento Crespo de Falange y conducido primero al cuartelillo de la Cámara Agraria en la calle Trajano y después a la prisión provisional del cine Jaúregui.

3) En la madrugada del 11 de agosto fue fusilado en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona.

Blas Infante, como tantas otras víctimas del levantamiento franquista, fue objeto de la aplicación de la pena máxima, sin proceso judicial, sin amparo normativo alguno y sin dejar rastro en ningún registro. Esta aberración –no solo humana sino también jurídica- se ordenó en el bando de guerra del general Queipo de Llano, dictado el 24 de julio de 1936 en donde exigió “pasarlos por las armas”. A diferencia de Blas Infante –cuyos restos se suponen en la fosa común del cementerio de San Fernando-, hoy los restos de Queipo reposan con todos los honores en la Basílica de la Macarena, lugar referencial de la capital andaluza frente a la máxima institución de la Comunidad, el Parlamento de Andalucía.

El 4 de mayo de 1940 Blas Infante fue condenado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, un invento del régimen franquista para saquear a los familiares de los opositores al golpe contra la II República, incluso años después de su asesinato. 

No solo desde un punto de vista ético deben evaluarse tales comportamientos de los asesinos. También merece la pena hacerlo desde una perspectiva jurídica y formal. La sentencia de Blas Infante se dictó casi cuatro años después de su asesinato. Fue entonces, cuando por vez primera el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas lo juzgó y condenó a muerte y a multa de dos mil pesetas.

La resolución judicial incluida en la sentencia, tan escueta como surrealista e infame, exponía que Blas Infante “formó parte de una candidatura revolucionaria en las elecciones de 1931; en los años sucesivos hasta 1936 se significó como propagandista para la constitución de un partido andalucista y regionalista andaluz (…), lo que supone en él una actitud de grave oposición y desobediencia al mando legítimo y de las disposiciones del mismo emanadas”. 

Pues bien, ni siquiera esto es correcto técnicamente. La ley que se le aplicó, Ley de Responsabilidades Políticas, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13 de febrero de 1939. Es por tanto imposible que pudiera conocerla quien la incumplió antes de dicha fecha y quien fue ejecutado tres años antes de la existencia de tal norma. Se vulneró flagrantemente el principio de irretroactividad de la norma penal, que no puede ser aplicada a conductas realizadas con anterioridad a la existencia de la propia norma. Y de otro lado se creó una original figura penal “ad hoc”: la rebelión invertida. Un tipo penal, que debería haberse aplicado a quienes habían alterado de forma violenta las instituciones del Estado –es decir, los sublevados franquistas-, y no para quienes defendían la legalidad. Objetividad, independencia, garantías e imparcialidad son otras cuestiones absolutamente inexistentes en el caso. Por tanto, la única posible justificación es de carácter político y/o militar y en ningún caso puede tener el más mínimo atisbo de juridicidad. Se trata a todas luces de una aberración jurídica a ojos de cualquier jurista.

La viuda de Blas Infante, Angustias García Parias, que quedó al cargo de los cuatro hijos del matrimonio, recibió la condena de una multa de 2.000 pesetas. Todo un capital para una época en la que, en el mejor de los casos, un obrero cobraba 6 pesetas de jornal.



La “democracia” aún no ha sido capaz de reparar este atropello inaceptable


Si hasta aquí la historia es penosa, más entristece lo que sigue. Tras el post-franquismo y el restablecimiento de las instituciones, la sentencia, con su resolución judicial permanece ahí, inalterada e inalterable.

A día de hoy la sentencia de Blas Infante sigue tan vigente como ayer. Es una sentencia firme, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico como doctrina judicial y con plenos efectos jurídicos. Esto resulta ser un verdadero insulto a la justicia democrática.

Es cierto que el Parlamento Andaluz adoptó la resolución de abril de 1983 y la incorporación al Preámbulo del Estatuto y el Congreso de los Diputados aprobó la resolución de noviembre de 2002. Sin embargo esto es insuficiente y jurídicamente irrelevante.

Ahora bien, en lo jurídico sí se pueden adoptar decisiones justas, pero esta “democracia” no ha sido capaz siquiera de reparar este atropello jurídico y moral. Es indigno que los hechos de los sentenciadores de Blas Infante sigan incólumes y que no se haya dado una respuesta jurídica satisfactoria que anule por completo esa infame sentencia que no debe quedar más que como documento con valor histórico y para que nuestra memoria colectiva nunca olvide.

La resolución está viciada de nulidad radical, es aberrante y jurídicamente es inaceptable. Desde cualquier perspectiva de justicia material y formal, la sentencia de Blas Infante es una canallada, un atentado a la verdadera democracia y a las libertades y debe ser formalmente expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Es una exigencia de justicia, pese a quien pese.

VIVA ANDALUCÍA LIBRE

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